La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a Orange con 30.000 euros por no verificar la identidad de un usuario que suplantó la de otra persona para realizar una estafa consistente en solicitar una copia de la tarjeta SIM y realizar transferencias a través de Bizum.
Según la AEPD, la estafa no habría sido posible si Orange hubiese aplicado correctamente las medidas de seguridad necesarias para asegurar la autenticidad de los datos aportados por el cliente, así como las relacionadas con verificar la titularidad de la línea.
Desde Orange se ha alegado que los controles de verificación de identidad se han aplicado de forma correcta y que, además, en los últimos meses habían implantado sistemas y medidas relativas a constatar la identidad de los clientes.
No obstante, la AEPD mantiene que la compañía actuó de forma negligente, recordando que ha sido vulnerado el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, que establece que “se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”.
Los hechos
El conflicto comenzó en febrero de 2020, cuando se produjo una petición de portabilidad de Yoigo a MásMóvil. Aunque al día siguiente el afectado anuló telefónicamente dicho cambio, una de las líneas quedó retenida en MásMóvil.
Según recoge la resolución, cuando el afectado se dio cuenta en marzo de que no tenía línea en el móvil, contacta con Yoigo y esta le comenta que le mandarán una nueva SIM y lo resolverán. Sin embargo, el usuario comprueba días más tarde que terceras personas han realizado transferencias bancarias no autorizadas, de alto importe, desde su cuenta en BBVA, dos de ellas por Bizum.
Tras investigar los hechos, descubre que su número de teléfono pertenecía a Orange desde el día en que se produjeron los movimientos de dinero, pero la línea no estaba a su nombre.
El estafador había realizado reiteradas solicitudes de portabilidad de la línea del afectado desde el día en que la víctima anuló la portabilidad en febrero, las cuales fueron detenidas en los sistemas antifraude. Sin embargo, volvió a intentarlo en marzo, esa vez con la compañía Orange, consiguiendo así pasar la seguridad.
La sanción de la AEPD a Orange ascendía a 50.000 euros, que fueron rebajados a 30.000 por realizar el pago de forma voluntaria y reconocer su responsabilidad, renunciando así su derecho a reclamar la multa.
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